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La fiscalía se pronuncia también sobre la modificación de consolas con el nuevo código penal

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Hace unos días nos hacíamos eco de una Circular de la Fiscalía General del Estado sobre la descarga y gestión de enlaces. Hoy tenemos nueva información sobre la misma, en este caso referida a la utilización de productos para suprimir la protección de un dispositivo y la elusión de la seguridad para la instalación de juegos obtenidos de forma irregular.

La Circular, un documento distribuido por la Fiscalía con el objetivo de ayudar a que los fiscales desarrollen su trabajo, explica que en virtud del artículo 270.6 del recientemente modificado Código Penal se pueden imponer penas de prisión de seis meses a tres años para:

Circular Fiscalía escribió:Quien fabrique, importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger”


El diablo está en los detalles. Antes se usaba el término “medio específicamente destinado", redactado que permitió a muchas tiendas obtener la absolución ante las demandas de los fabricantes de consolas ya que, por ejemplo, un cartucho flash de Nintendo DS permite hacer más cosas que ejecutar juegos obtenidos ilícitamente. Ahora se ha cambiado el texto por “medio principalmente concebido”, tratando de cerrar así lo que algunos consideraban una "grieta legal". 

Además, se sigue persiguiendo el ánimo de lucro, circunstancia que en principio deja fuera de aplicación de la nueva ley a los usuarios finales que no obtienen beneficio económico directo.

La Circular de la fiscalía también aclara que en los apartados c) y d) el artículo 270.5 “se sancionan determinados actos de eliminación, modificación, elusión y facilitación de la elusión de las medidas tecnológicas de protección, hasta ahora únicamente contemplados en la legislación civil”. Eso significa que la fiscalía perseguirá a quienes ofrezcan, a cambio de un precio, servicios para romper la seguridad de una consola para jugar a juegos obtenidos ilícitamente.

Tenemos claro qué dice el reformado Código Penal y cómo actuará la Fiscalía, pero falta por ver qué pasará cuando alguien consiga llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que defiende la desprotección de consolas para usos lícitos.

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